Los socialistas adoptan esta medida, después de que la alcaldesa del PP vetara el debate y la votación de una moción que la instaba a una posible cuestión de confianza y que cumplía todos los requisitos del Reglamento Orgánico Municipal.
Torrent, 04/02/2026. El PSOE de Torrent ha anunciado el inicio de un procedimiento contencioso-administrativo contra el gobierno PP y Vox de Amparo Folgado, por impedir el debate y la votación de una moción presentada por la oposición en el Pleno municipal.
El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Andrés Campos, ha explicado que esta decisión “no responde a ningún interés partidista, sino a una responsabilidad democrática”, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales de los concejales y del propio funcionamiento democrático del Ayuntamiento.
“No comparecemos para hacer oposición ruidosa ni para generar titulares fáciles. Comparecemos porque cuando se bloquea la palabra, se impide el debate y se prohíbe votar, lo que está en juego no es un partido político, es la democracia local”, ha señalado Campos.
El origen del conflicto se sitúa en la presentación de una moción política para instar a la alcaldesa del PP a plantear una cuestión de confianza, una iniciativa que, según ha remarcado, “no pretendía imponer nada, sino debatirse y votarse, como cualquier otra moción en un pleno democrático”.
Una moción cumplía todos los requisitos del Reglamento Orgánico Municipal, no era ilegal ni extemporánea ni invadía competencias y, sin embargo, fue vetada. Folgado, valiéndose de un informe municipal, tomó una decisión “gravísima: impedir su debate y votación, privando a concejales elegidos democráticamente de su derecho a hablar, proponer y votar”. Una postura autoritaria que Folgado ratificó desestimando la solicitud de amparo presentada días después por el grupo socialista.
Vulneración de derechos fundamentales
Desde el PSOE de Torrent consideran que lo ocurrido no es un error técnico ni administrativo, sino una decisión política “profundamente antidemocrática”.
“Se ha utilizado una figura que debe ser garante de la legalidad como instrumento para bloquear el debate político, y eso no solo es incorrecto políticamente, es jurídicamente inaceptable”, ha denunciado Campos, recordando que el artículo 23 de la Constitución protege el derecho fundamental a la participación política de los representantes públicos.
“En democracia los informes orientan, no censuran; los secretarios asesoran, no vetan; y los plenos son espacios de deliberación política, no salas de silencio controlado”, ha añadido.
Defensa de la democracia local
El portavoz socialista ha dejado claro que acudir a los tribunales no supone judicializar la política, sino defenderla. “No acudimos a un juez para que sustituya el debate político, acudimos porque ese debate ha sido deliberadamente impedido”, ha explicado.
“Hoy se bloquea una moción incómoda; mañana puede bloquearse cualquier otra. Y cuando eso ocurre, el problema ya no es de un grupo municipal, es de toda la ciudad”, ha advertido.
Campos ha concluido insistiendo en que gobernar implica dar explicaciones y aceptar el debate democrático: “Gobernar no es silenciar, gobernar es dar la cara. Gobernar no es evitar el debate, es confiar en las instituciones”.
“Damos este paso con serenidad, firmeza y respeto absoluto a la legalidad, porque la democracia no se defiende con palabras bonitas, sino ejerciéndola”, ha finalizado.
