La alcaldesa deberá facilitar el acceso al expediente de las obras de derribo de la finca de Obispo Benlloch al Grupo Municipal Socialista antes del 22 de enero o admitir que mintió a todos los torrentinos y torrentinas sin remordimientos ni escrúpulos al atribuirse la ejecución de las mismas.
Torrent, 28/12/2023 El Síndic de Greuges prosigue con su investigación y ha dado a Amparo Folgado el plazo legal máximo de un mes para que el Ayuntamiento de Torrent informe si ha facilitado el acceso a los socialistas al expediente de contratación de las obras para el derribo de la finca del nº3 de la plaza Obispo Benlloch. Unas obras que la alcaldesa anunció públicamente que estaban siendo ejecutadas por el consistorio tanto en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación como en las redes sociales municipales.
El Síndic no ha aceptado la treta del equipo de gobierno de PP-Vox que, tras dar largas a los socialistas y en un intento de tener que dar explicaciones públicas, facilitó a al Grupo Municipal Socialista el acceso al expediente de 2019 por el que se declaró la ruina del edificio de Obispo Benlloch y no el de la ejecución de las obras de derribo que se les reclamaba después de que Amparo Folgado se fotografiara al lado de las máquinas y se atribuyera las mismas con una nota de prensa enviada por el gabinete de prensa municipal el 19 de octubre de 2023, en la que anunciaba que “el Ayuntamiento iniciaba el derribo del nº3 de la plaza Obispo Benlloch tras haber recibido el consistorio luz verde para su derribo”.
Negando al Grupo Municipal Socialista el expediente de contratación por el que el Ayuntamiento derribó el edificio, según publicó en prensa el Ayuntamiento de Torrent, el consistorio podría haber vulnerado el derecho de acceso a la información pública que tiene la oposición.
“El equipo de gobierno de PP-Vox, como mínimo, esté vulnerando el derecho al acceso a la información pública para ejercer su labor de control y fiscalización. Amparo Folgado no puede seguir dando más rodeos. El Síndic le ha dado un plazo para que cumpla con sus obligaciones legales como alcaldesa y que nos facilite el acceso al informe o, si es el caso como parece, que declare públicamente que mintió a todos los torrentinos y torrentinas al atribuirse un derribo que unos vecinos de Torrent ejecutaron de forma privada”, explica el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Andrés Campos, quien recuerda que los propietarios del inmueble, tras años de trámites con Conselleria de Cultura y Patrimonio, habían conseguido la autorización para el derribo parcial para ejecutarlo de manera privada, por lo que resultó “asombrosa publicación del Ayuntamiento de Torrent adjudicándose como propio el derribo, y con las fotografías y vídeos de la alcaldesa frente a las obras, como si de la promotora o jefa de obra se tratase”. Una apropiación de un proyecto privado por parte de Amparo Folgado, que se suma a la adjudicación como propios de los proyectos del Plan FICUS impulsados por el equipo de gobierno socialista en pasadas legislaturas en colaboración con la sociedad torrentina.
