Torrent, 29/11/2023 El Síndic de Greuges ha admitido a trámite la queja socialista para su investigación, ya que el Ayuntamiento de Torrent podría haber vulnerado el derecho de acceso a la información pública que tiene la oposición, tras no facilitar el expediente de contratación de derribo de la finca del nº3 de la plaza Obispo Benlloch, obras que la alcaldesa anunció públicamente que estaban siendo ejecutadas por el consistorio tanto en una nota de prensa enviada a los medios de comunicación como en las redes sociales municipales.
“Negarnos la información requerida a los grupos de la oposición y a la ciudadanía de Torrent es síntoma de que algo no quieren que veamos y una falta total de cumplimiento de sus obligaciones legales como alcaldesa”, expone Andrés Campos, portavoz del Grupo Municipal Socialista, quien aclara que en este caso sólo puede haber dos soluciones: “Que el equipo de gobierno de PP-Vox esté vulnerando el derecho al acceso a la información pública a la oposición para ejercer su labor de control y fiscalización o que la Alcaldesa de Torrent haya mentido a todos los torrentinos y torrentinas sin escrúpulos ni remordimientos”.
El 19 de octubre de 2023, el gabinete de prensa municipal anunciaba que “el Ayuntamiento iniciaba el derribo del nº3 de la plaza Obispo Benlloch tras haber recibido el consistorio luz verde para su derribo”. Información que acompañaba con declaraciones de Amparo Folgado adjudicándose la actuación de derribo como propia del nuevo equipo de gobierno, cuando se trataba de una actuación privada de los propietarios del inmueble que, tras años de trámites con Conselleria de Cultura y Patrimonio, habían conseguido la autorización para el derribo parcial.
Ante la asombrosa publicación del Ayuntamiento de Torrent adjudicándose como propio el derribo, con fotografías y vídeos de la alcaldesa frente a las obras, como si de la promotora o jefa de obra se tratase, el grupo Municipal Socialista solicitó en diversas ocasiones a la señora Folgado el expediente por el que el Ayuntamiento de Torrent supuestamente iniciaba el derribo del nº 3 de la plaza Obispo Benlloch, sin recibir la información en ningún momento.
Ante la incredulidad por ver hasta qué punto llega el afán de la alcaldesa, no solo por adjudicarse como propios los proyectos del Plan FICUS impulsados por el equipo de gobierno socialista en pasadas legislaturas, sino también ahora las actuaciones de vecinos y vecinas de Torrent, el Grupo Municipal Socialista se vio obligado a dirigirse al Síndic de Greuges para denunciar la situación. Una mala praxis que acompaña imposibilitando la tarea de control de la oposición de los asuntos públicos, en este caso no facilitando el expediente de dicho derribo por el Ayuntamiento. El Síndic de Greuges inicia así una investigación que puede demostrar que el gobierno de PP-Vox no facilita la información a la oposición o, lo que es peor, que la alcaldesa miente.